La lista de funcionarios de confianza del expresidente de Colombia Álvaro Uribe que tienen problemas con la justicia sigue creciendo.
Se hizo público que el antiguo jefe de seguridad del exmandatario, general (en retiro) Mauricio Santoyo, está siendo requerido por una corte de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El expresidente inmediatamente se distanció de las acusaciones en contra de Santoyo, afirmando no haber tenido ninguna responsabilidad en su nombramiento.
Pero buena parte de los delitos imputados al exfuncionario se habrían cometido mientras trabajaba al lado de Uribe, quien durante los últimos dos años también ha visto como varios de sus colaboradores más cercanos enfrentan problemas judiciales.
BBC Mundo le recuerda quiénes son, y de qué se acusa a esos exfuncionarios.
Mauricio Santoyo, acusado de narcotráfico
Al general (retirado) Mauricio Santoyo, quien entre 2002 y 2005 se desempeñó como jefe de seguridad de entonces presidente Álvaro Uribe, se le acusa de haber recibido sobornos de al menos dos organizaciones involucradas con el tráfico de estupefacientes a cambio de información sobre las operaciones antinarcóticos en su contra.
Según las autoridades estadounidenses, el alto mando policial también habría facilitado el nombramiento de policías corruptos para que asistieran a la Oficina de Envigado y las Autodefensas Unidas de Colombia en sus operaciones.
Los cargos remiten a delitos cometidos entre 2000 y 2008, lo que implica que la colaboración de Santoyo con los narcotraficantes se habría mantenido mientras trabajaba con Uribe.
Pero el expresidente dijo no haber estado involucrado en el nombramiento de Santoyo, ni haber recibido informes negativos sobre su jefe de seguridad, quien rechaza los cargos.
Uribe también le pidió a Santoyo, quien está siendo pedido en extradición por EE.UU., que colaborara con las investigaciones.
Y el general en retiro ya se dijo dispuesto a comparecer ante la justicia.
"Serví a Colombia por más de treinta años como oficial en la Policía Nacional y tengo la tranquilidad de poder responder cualquier inquietud sobre mi proceder", dijo Santoyo este martes 19 de junio a través de un comunicado de prensa.
Luis Carlos Restrepo, acusado por falsas desmovilizaciones
La Fiscalía General de Colombia pidió la captura de Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, en febrero pasado.
A Restrepo se lo investiga por su presunta participación en la falsa desmovilización de guerrilleros de las FARC en 2006.
Según las autoridades, numerosos civiles se hicieron pasar por integrantes de la compañía "Cacica La Gaitana" de las FARC para hacer que su desmovilización pareciera más importante de lo que en realidad era.
Y según el comandante paramilitar Salvador Mancuso, la farsa habría sido coordinada con las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) para "disminuir la presión nacional e internacional que se estaba ejerciendo sobre el gobierno del presidente Uribe por las negociaciones que se adelantaban solamente con las autodefensas".
Tanto Restrepo como el expresidente Uribe, sin embargo, han dicho que las acusaciones son parte de una venganza política.
Y el excomisionado de Paz se encuentra en estos momentos prófugo de la justicia, luego de haber salido de Colombia a inicios de año.
"Lo que sí avalo es que el doctor Restrepo o cualquiera de mis compañeros que sientan persecución en Colombia busquen una medida legal como el asilo o busquen una protección semejante", dijo en su momento el expresidente Uribe para justificar la salida del país de su colaborador.
Andrés Felipe Arias, acusado de peculado
Considerado por muchos el heredero político designado de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de once años en julio del año pasado.
El exministro de Agricultura de Uribe está acusado de los delitos de celebración indebida de contratos y peculado en favor de terceros, y actualmente sigue el proceso judicial desde la cárcel.
Concretamente, a Arias se le acusa de haber puesto el programa de subsidios agrícolas Agro Ingreso Seguro (AIS) al servicio de sus ambiciones políticas, intercambiando favores a cambio de apoyo para Uribe y para su eventual campaña.
Pero el hombre conocido en los círculos políticos colombiano como "Uribito" rechaza los cargos.
Y el expresidente Uribe también se ha dicho convencido de la inocencia de Arias, a quien calificó de "preso político".
Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, acusados por el escándalo de escuchas ilícitas
El exsecretario general de la presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, y la exjefa del ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) son requeridos por la justicia por el escándalo de escuchas ilegales conocidas en Colombia como "chuzadas".
El escándalo estalló en 2009 luego de que la revista colombiana Semana revelara que, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, funcionarios del servicio secreto grababan regularmente conversaciones de personalidades críticas del gobierno "para mantener informada a la Presidencia" de sus comentarios y actividades.
La lista incluía a periodistas, políticos de oposición y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban los vínculos entre grupos paramilitares y varios políticos cercanos al exmandatario.
Y varios de los afectados se declararon convencidos de que las escuchas habían sido ordenadas por el propio Uribe, quien está siendo investigado por el Congreso en relación con la operación.
El exmandatario, sin embargo, siempre negó cualquier conocimiento de la misma y llegó incluso a afirmar que él también había sido "interceptado" por el DAS.
Moreno, quien niega todos los cargos, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un período de 18 años y actualmente enfrenta un proceso judicial en su contra desde la cárcel.
Hurtado, por su parte, obtuvo en 2010 asilo político en Panamá, por lo que está siendo juzgada en ausencia.
Sabas Pretelt y Diego Palacio, acusados por irregularidades en la primera reelección
El ministro del Interior durante el primer gobierno de Uribe, Sabas Pretelt, y su contraparte en el ministerio de Protección Social, Diego Palacio enfrentan un proceso penal por acusaciones que los vinculan con irregularidades durante la aprobación de la reforma constitucional que permitió al entonces mandatario aspirar a la reelección en 2006.
En lo que se conoció como el escándalo de la "Yidispolítica", la justicia encontró a la entonces congresista Yidis Medina y a otros legisladores culpables de recibir prebendas del gobierno a cambio de su voto a favor de una norma que autorizaba la reelección presidencial, hasta entonces prohibida en Colombia.
Ahora las autoridades estudian el papel que pudieron haber jugado Pretelt y Palacio en esos hechos. Los exfuncionarios, quienes niegan los cargos, enfrentan un juicio por cohecho.
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