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| Feligreses conmemoraron el último aniversario de la masacre de los sacerdotes jesuitas en el campus de la UCA. |
Los militares involucrados en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradores temen que la policía salvadoreña haga efectiva una orden internacional de captura a solicitud de la Audiencia Nacional de España.
Eric Lemus
De los seis jesuitas asesinados, cinco eran españoles, entre ellos el teólogo Ignacio Eliacuría.
El representante legal de los implicados en el asesinato de los religiosos, Lizandro Quintanilla Navarro, envió una solicitud a la Policía Nacional Civil (PNC) pidiendo que no apresen a sus clientes.
Los mandos, oficiales y rasos reclamados ya fueron amnistiados por el Congreso salvadoreño en 1993.
Quintanilla adelantó la misiva al subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Cotto, en la que pide abstenerse de "hacer efectiva una eventual orden de detención internacional".
"Deben cumplir"
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), Benjamín Cuéllar fustigó la maniobra jurídica.
"Cualquier abogado defensor no es quién debe pedir a un jefe policial que no cumpla órdenes que debería cumplir", declaró Cuéllar a BBC Mundo.
Trascendió que el juez español Eloy Velasco solicitó a la Policía Internacional (Interpol) que emita "alerta roja" para que aprehenda a los salvadoreños.
En tanto, el jefe de la Interpol en El Salvador, Marco Mariona, aseguró a la prensa local que todavía no ha recibido ninguna notificación.
"A nosotros no nos han comunicado nada por los conductos oficiales", explicó Mariona.
La amnistía
El apoderado legal de los militares confirmó a BBC Mundo que presentó recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional para evitar que sus clientes sean detenidos hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falle si avala la extradición o no a España.
De hecho, los constitucionalistas estudian una demanda contra la Ley de Amnistía para que sea derogada.
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| Carlos Ascencio, director de la PNC de El Salvador, promete que acatará una orden de Interpol. |
Asimismo, el fiscal general, Romeo Barahona, adelantó que las autoridades salvadoreñas deben ceñirse a la legislación nacional inclusive la amnistía.
"Cualquier procedimiento que se haga tanto por la difusión roja como por la extradición tiene que sujetarse a la Constitución y la legislación nacional", dijo Barahona a la prensa.
En 1991 la justicia salvadoreña procesó a nueve militares, pero sólo dos fueron condenados y el resto fue absuelto.
Dos años después de la sentencia, el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron beneficiados por la amnistía que promovió el ex presidente Alfredo Cristiani.
La ley favoreció a todos los militares y guerrilleros que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil acaecida entre 1980 y 1992.
La masacre
El 16 de noviembre de 1989, durante la ofensiva militar de la ex guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un comando del ejército integrado por miembros de élite del batallón Atlacatl ingresó al campus de la UCA.
Los soldados, al mando del teniente Mendoza y en comunicación con el coronel Benavides, simularon una escaramuza y ejecutaron a los sacerdotes jesuitas, a su empleada del servicio doméstico, Elba Ramos, y a su hija, Celina.
El caso fue juzgado en El Salvador, pero la UCA denostó la calidad del proceso porque nunca esclareció la autoría intelectual de la masacre.
Hace dos años, el juez Eloy Velasco admitió la querella presentada en noviembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en San Francisco, EE.UU.
Según reza el sumario 97/10 (DP 391/08) del auto de procesamiento en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, "en el momento de su muerte, más que cualquier otra figura individual, (Ignacio) Ellacuría se había convertido en el punto de apoyo de la elaboración de un posible acuerdo para acabar con la guerra civil".
La investigación de Velasco revela que un ala del ejército resistía la idea de una negociación política. Paradójicamente, el asesinato de Ellacuría aceleró la firma de un Acuerdo de Paz en 1992 ante la presión internacional.
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| René Emilio Ponce, ex ministro de Defensa, falleció el 2 de mayo de este año debido a una afección cardiaca. |
En suspenso
Los militares encausados son Mariano Amaya Grimaldi, conocido por el sobrenombre "Pilijay" e identificado como quien disparó a la cabeza de Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes con un AK-47 de fabricación soviética, que le fue entregado para que el crimen parecería ejecutado por "subversivos".
En la lista también están el ex ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios, el ex jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo, los mandos Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, y los rasos Tomás Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos y Antonio Ramiro Ávalos.
En la nómina también está René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor; sin embargo, éste falleció el 2 de mayo pasado, a los 64 años de edad.
Durante una conversación meses antes de ser hospitalizado, Ponce dijo a BBC Mundo que España "debía respetar la soberanía salvadoreña".
Por ahora, el presidente Mauricio Funes, ex alumno de los jesuitas, tomó distancia ante el desarrollo de los acontecimientos.
En tanto, el director de la PNC, Carlos Ascencio, sostiene que seguirá los procedimientos.
"Cuando la difusión roja sea efectiva a través del sistema oficial que tiene la Policía Internacional, la institución policial va actuar de acuerdo a lo que la norma manda en ese campo", prometió.
Las dictaduras no son ni serán la solución a los problemas sociales, las soluciones nacen de personas de buena voluntad, de instituciones libres de corrupción, las FFAA no deben estar al frente de la gobernanza socio-política, no es su misión, la tarea irrenunciable de los ciudadanos es construir su propia historia, discerniendo, reflexionando, aprendiendo, enseñando, colaborando, investigando, humanizando, etc. los asesinos de jesuitas o de cualquier persona que trabaja por la paz, no debe quedar sin resolver, ya no se devolverá la vida a estos mártires de la justicia, pero no debe quedar en el olvido. También en Chile, en España, en Argentina… quienes abusaron del poder imponiendo la muerte deben saber que no estamos dispuestos a repetir y olvidar sus crímenes…
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