Mapiripán, una pequeña comunidad en el departamento de Meta, en el centro de Colombia, es conocida por haber sido el escenario de "una de las peores masacres en la historia reciente del país".
Arturo Wallace BBC Mundo, Bogotá
La matanza, perpetrada en junio de 1997 por paramilitares de las Autodefensa Unidas de Colombia que llegaron a la zona en transportes de la fuerza pública, le acarreó a Colombia una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y, en su sentencia, el tribunal ordenó además el pago de millonarias indemnizaciones a los familiares de 46 personas identificadas como víctimas de la matanza.
Una nueva investigación de la fiscalía colombiana, sin embargo, sugiere que el número de civiles asesinados por las AUC podría ser mucho menor de lo que se pensaba.
"Al parecer, más de la mitad de las supuestas víctimas que aparecen en la sentencia… están vivas o no murieron en la mencionada masacre" dijo el jueves el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
"He pedido a la canciller que informe oficialmente de estas revelaciones al secretario general de la OEA para que se ponga el tema en la agenda de la próxima reunión de cancilleres", dijo además el mandatario.
"Problema de Colombia"
El caso, calificado de "muy grave" por el director para América Latina de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha sido objeto de intenso debate en Colombia.
Pero Vivanco le dijo a BBC Mundo que no veía el sentido de tratar el tema en el marco de la OEA.
"Hasta adonde entiendo, el listado con la identidad y los nombres de las víctimas de Mapiripán fue una información proporcionada por el gobierno de Colombia, y específicamente por la propia fiscalía de Colombia", dijo Vivanco.
"Así que si un juez competente confirma que hubo una actitud fraudulenta por parte de algunas víctimas -porque lo que hay hasta ahora son investigaciones propias de la fiscalía- esta es una materia que se debe aclarar y dilucidar en Colombia".
"Y es Colombia la que tiene que ser más cuidadosa con la información que le proporciona a la Corte Interamericana", afirmó.
Por lo pronto, tanto la fiscalía como la procuraduría colombianas han dicho que investigarán el caso, incluyendo la posible responsabilidad del colectivo de abogados que representó a las supuestas víctimas.
Y el procurador general de la república, Alejandro Ordoñez, advirtió que el de Mapiripán podría no ser el único caso en el que se hubiera inflado el número de víctimas para así obtener mayor compensación por parte del estado.
"Hay un manejo fraudulento que hemos descubierto respecto a las víctimas y sobre todo respecto a la reparación en cuanto a la indemnización", le dijo también a BBC Mundo Jean Carlo Mejía, director de la Defensoría Militar, institución que defiende a varios militares y exmilitares vinculados con algunas de estas masacres.
"Lamentablemente algunos lo convirtieron en un negocio redondo", afirmó.
Masacres reales
Mejía, sin embargo, no pone en duda la realidad de masacres como la de Mapiripán.
"Tenemos claro que ahí se presentaron hechos lamentables, y como la única ONG en Colombia defensora del DIH (Derecho Internacional Humanitario) y de los derechos humanos nosotros no podemos salir a negarlo".
Y, en el mismo sentido, se expresó la fiscal general, Vivianne Morales.
"Se cometieron hechos gravísimos. Esta es una masacre que nos avergüenza, pero el número de las víctimas no corresponde a la realidad. Esto no quiere decir que no se cometieron los hechos y que los que están condenados no tengan responsabilidad", le dijo Morales a la emisora "W radio".
El escándalo, sin embargo, podría terminar afectando a las organizaciones de derechos humanos que se han encargado de representar a los familiares de las supuestas víctimas.
Aunque, en el caso de Mapiripán, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) negó cualquier responsabilidad en un posible fraude, al tiempo que recordó que la correcta identificación de las víctimas era una responsabilidad del Estado.
"Siempre hemos actuado de entera buena fe, y creemos y seguiremos creyendo en la buena fe de las víctimas. En consecuencia, para el presente caso, asumimos la representación judicial de aquellas personas que se declararon como afectadas por la Masacre de Mapiripán, rindieron voluntariamente sus declaraciones ante notario público, y dadas las circunstancias en que se enmarcaron los hechos, resultaron consistentes con lo establecido judicialmente y las diferentes narrativas acerca de lo ocurrido", se lee en el comunicado.
"Si algún o algunos demandantes, solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal" dijo el CCAJAR.
"Desproporcionado"
Vivanco, por su parte, piensa que poner en entredicho el sistema interamericano de derechos humanos por lo que hubiera podido pasar en este caso es una "desproporción".
"A nivel regional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un rol vital en la protección de derechos fundamentales. Y en el caso de Colombia ha sido uno de los actores claves en ofrecerle a las víctimas de violaciones de derechos humanos una última oportunidad para hacer valer sus derechos", explicó.
"Hay muchas masacres y casos individuales que si no fuera por la intervención de la Comisión Interamericana y de la Corte difícilmente habrían salido adelante esas investigaciones y difícilmente las autoridades de Colombia habrían reconocido su responsabilidad", dijo.
"(Y la masacre de Mapiripán) no es una ficción, no es que se la hayan inventado las víctimas. Hay víctimas y hay familiares que merecen no sólo respeto sino también protección. Y ojalá no solo compensanciones económicas sino también justicia", concluyó.
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