Los retos de la Ley de Víctimas en Colombia

La Ley de Víctimas comprende esfuerzos de restitución
 de tierras a afectados por la violencia.

Con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como testigo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó la denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ha sido calificada de "histórica" por el propio mandatario.

Arturo Wallace

La norma busca compensar a los millones de personas que han sufrido por la violencia en ese país.

Sin embargo, no falta quien se pregunte hasta que punto la disposición podrá ser llevada a la práctica.

"Lo que siempre ha tenido Colombia son leyes: leyes buenas, decretos buenos, resoluciones buenas... El problema en el país siempre ha sido el tema de la implementación", le dijo a BBC Mundo Marcelo Pollack, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.

"Esta es una de las grandes preocupaciones, tanto con ésta como con otras leyes", reconoció.

Y no es siquiera que Ley de Atención, Asistencia y Reparación Real a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia -el nombre original de la ambiciosa norma, con la que se espera compensar a unos cuatro millones de colombianos- esté exenta de críticas.

Pollack, por ejemplo, la describe como un paso importante que sin embargo deja muchas cuestiones pendientes.

Uno de sus reclamos es que sólo contempla indemnizaciones en metálico para las víctimas del conflicto a partir de 1985 y restitución de tierras a partir de 1991, "a pesar de que este es un conflicto que ha durado más de 45 años".

Mientras que para José Obdulio Gaviria -de la fundación Primero Colombia, cercana al expresidente Álvaro Uribe- se trata de una medida que pone en riesgo el futuro del país por estarse preocupando excesivamente por el pasado.

"Los impulsores de la Ley han manifestado una gran preocupación por las víctimas del pasado, mientras que la política de seguridad democrática (del expresidente Uribe), que es la que evita que haya más víctimas, se ha ido abandonando", le dijo Gaviria a BBC Mundo.

"Un Estado como el colombiano primero debiera concentrar todos sus esfuerzos en que no haya más víctimas", afirmó.

Un conflicto que no ha terminado

A la hora de valorar la Ley, las posiciones de Gaviria y Pollack no podrían ser más diferentes. Pero ambos coinciden en hacer del tema de la seguridad una de las claves de su análisis.

A Gaviria lo que más le preocupa es la posibilidad de que Ley afecte la capacidad del Estado colombiano para continuar su combate contra los grupos guerrilleros que aún operan en el país, distrayendo recursos que, en su opinión, estarían mejor invertidos en las fuerzas de seguridad.

Mientras, para Pollack, el principal problema es la violencia a la que todavía están expuestas buena parte de las víctimas del conflicto armado y la falta de protección de parte de las autoridades.

"La ley se va a firmar en medio de un aumento de amenazas y homicidios de personas retornando a sus tierras, de líderes de comunidades desplazadas y de defensores de derechos humanos", explicó el funcionario de Amnistía Internacional.

"Sólo el martes asesinaron a una dirigente desplazada: Ana Fabricia Córdoba, en Medellín, que es sólo el último ejemplo de este tipo de homicidios", destacó.

Ambas posturas, sin embargo, remiten a una misma realidad: el conflicto armado interno de Colombia aún no ha terminado.

Y ese será, seguramente, el principal reto a enfrentar a la hora de implementar la Ley.

"Indiscutiblemente las víctimas se siguen produciendo", reconoció José Hernández, jefe del área legal de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia.

"Pero no podemos esperar a que termine el conflicto para empezar a resarcir a las víctimas", explicó el funcionario de la comisión, creada en 2005 para acompañar la implementación de la Ley de Justicia y Paz, y ahora destinada a ser parte de un nuevo entramado.

El problema de los paramilitares

La prevalencia de la violencia en Colombia también plantea el reto de poder diferenciar entre las víctimas del conflicto y las víctimas de la delincuencia común, que no están amparadas por la Ley.

En ese sentido, un tema de disputa ha sido la posible exclusión de las víctimas de los grupos paramilitares surgidos luego de la firma de la Ley de Justicia y Paz, promulgada por el gobierno de Uribe para facilitar su desmovilización.

"El gobierno no reconoce el concepto de paramilitarismo. No reconoce a los 'nuevos grupos paramilitares' como parte del conflicto, pues los considera bandas criminales", explicó Marcelo Pollack.

"Pero sus víctimas son las víctimas de siempre: defensores, sindicalistas, líderes comunitarios, líderes sociales, que siguen siendo desplazados, amenazados y asesinados por estos grupos. Y el gobierno no los va a reconocer como víctimas del conflicto y no van a poder beneficiarse de esta ley", afirmó.

Hernández, sin embargo, sostiene que cada caso particular tendrá que ser valorado individualmente.

Y aunque el funcionario de la Comisión de Reparación y Reconciliación reconoce que los retos son muchos, está convencido de que existe la voluntad política necesaria para hacer cumplir la Ley.

"Colombia está en el plan de hacer las cosas bien", le dijo el funcionario a BBC Mundo.

Apuesta de Santos

Por lo pronto, lo que parece claro es que el presidente Santos no puede permitir el fracaso de la Ley de Víctimas.

Esta le ha distanciado todavía más del expresidente Uribe y de su política de seguridad democrática.

Los analistas coinciden en que la nueva Ley es uno de los temas que definirá el mandato de Santos.

Y si su apuesta tiene éxito, el mandatario habrá avanzado bastante en su intención declarada de tener un puesto de honor en la historia colombiana.

La voluntad política, sin embargo, no será suficiente si no se consiguen los recursos necesarios.

Y según estimaciones de legisladores y el gobierno la implementación de la Ley demandará al menos US$20.000 millones durante los próximos 10 años, aunque analistas como Gaviria creen que la cifra puede ser todavía mayor.

Hernández reconoce que "el tema presupuestario es obviamente una preocupación".

"Pero el ministro de Hacienda (Juan Carlos Echeverry) recientemente manifestó que es viable", le dijo a BBC Mundo.

Por lo pronto, una vez promulgada la Ley el reto inmediato será su reglamentación, que tendrá que ser completada antes de un año.

Un buen recordatorio de que la firma de este viernes es apenas un paso más en un largo y complicado proceso, enmarcado en un conflicto que dista mucho de haber terminado.

Las claves de la Ley

Conflicto Armado: La Ley reconoce explícitamente la existencia de un conflicto armado en Colombia en claro rompimiento con la política del expresidente Álvaro Uribe, quien advirtió que esto podría facilitar el reconocimiento de los grupos irregulares como "fuerzas beligerantes", interpretación rechazada por el presidente Santos.

Responsabilidad del Estado: La ley cobija tanto a las víctimas de guerrilleros y paramilitares como a los afectados por acciones de agentes del Estado, aunque establece explícitamente que esto último no puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad por parte de las instituciones estatales.

Asistencia, reparación, restitución: Entre las medidas de reparación contempladas por la ley se destacan indemnizaciones financieras y, sobre todo, la restitución de tierras. También compromete al estado colombiano a proporcionar ayuda humanitaria y asistencia especial para garantizar el acceso a salud y educación de las víctimas, además de satisfacciones simbólicas y la garantía de no repetición.

Las víctimas: La legislación ampara a las víctimas directas del conflicto, sus cónyuges y familiares en primer grado de consanguinidad. Guerrilleros y paramilitares no podrán ser considerados víctimas a menos que se trate de niños, niñas o adolescentes que se hayan desvinculados antes de alcanzar la mayoría de edad, mientras que sus familiares no podrán aspirar al estatus de víctimas indirectas.