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La película prueba la inocencia de José Antonio Zúñiga, quien fue condenado a 20 años de prisión. |
Para muchos mexicanos, la orden de la juez Blanca Lobo para prohibir provisionalmente la proyección, distribución y publicidad del documental "Presunto Culpable" es un síntoma de que el éxito cosechado por la película era demasiado bonito para ser verdad.
Ignacio de los Reyes
BBC Mundo, México
Quince días después de ser estrenado, cerca de medio millón de personas ya lo han visto en los cines y ha recaudado al menos US$1,54 millones, batiendo el récord del que hasta ahora había sido el documental mexicano más exitoso: "Fraude", sobre las controvertidas elecciones presidenciales de 2006.
La película muestra los esfuerzos de un grupo de abogados que, cámara en mano, prueban la inocencia del joven José Antonio Zúñiga, quien en 2006 fue condenado a 20 años de prisión por un homicidio calificado.
Pero más allá de las cifras, parece que "Presunto Culpable" estaba logrando lo que partidos políticos y organizaciones no gubernamentales no habían conseguido hasta ahora: convencer a los mexicanos de la necesidad de una reforma de su sistema penal.
Y ahora, con la orden judicial, abre además un debate sobre la convivencia de los derechos a la propia imagen y la libertad de expresión.
Sigue en las salas
La suspensión provisional concedida por la jueza se basa en un juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Reyero, primo de la víctima del homicidio y único testigo en el juicio contra Zúñiga, tema central del documental.
Cinépolis, la empresa distribuidora de la película, informó este martes que ésta seguirá en exhibición hasta que reciban la notificación judicial.
Ahora se abre un proceso en el que la Secretaría de Gobernación -quien autorizó la exhibición de la cinta- tendrá que demostrar que actuó conforme a la ley.
"Intento de censura"
Según una de las realizadoras de la cinta, Layda Negrete, la decisión de frenar su documental supone "un intento de censura".
Igualmente, tanto el poder ejecutivo federal como el capitalino mostraron sus reparos.
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Según los directores del documental, el 93% de los acusados nunca ven al juez. |
"Si alguien quiere reclamar el eventual daño moral que pudiera haber causado la película, se podría haber recurrido a la vía de la jurisdicción civil", le explicó a BBC Mundo el subsecretario de Gobernación Héctor Villarreal.
"Pero la libertad de expresión no puede quedar sujeta a una censura previa (…) La película cumplió con todos los requisitos para obtener la autorización" para su exhibición, aseguró.
El gobierno mexicano confirmó que solicitará a la jueza una aclaración de su pedido, alegando que el ejecutivo no tiene competencia para prohibir la proyección, distribución y publicidad del film.
Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que su equipo impugnará la resolución judicial.
"Es increíble que un juez federal ordene que no se transmita una película como 'Presunto Culpable', es un abuso en contra de la libertad", aseguró.
Mientras, el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que administra el poder judicial mexicano, negó haber ejercido ninguna censura sobre el documental.
"Lo rechaza categóricamente y reitera su absoluto respeto a la libertad de expresión, y a todas las libertades", informó la institución a través de un comunicado.
"La juzgadora, como todos los jueces del Poder Judicial de la Federación, están obligados a atender por la vía del amparo, a cualquier ciudadano que se dice afectado en sus derechos fundamentales", aseguró.
¿Daño moral?
Pero, a falta de conocer detalles sobre la postura del testigo Víctor Manuel Reyero, hay quien cree que la libertad de expresión podría entrar en colisión con el derecho a proteger la propia imagen.
De acuerdo a los reportes de los medios locales, Reyero habría reclamado la suspensión del documental por sufrir "daño moral", al no haber autorizado su aparición en la película, que muestra su declaración durante el juicio a Zúñiga.
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En redes sociales hay una legión dispuesta a distribuir copias pirata si los proyectores se apagan. |
"Puede ser que se trate efectivamente de un acto de censura, pero también es necesario pensar de manera más reflexiva y considerar que en los últimos lustros se ha desarrollado tanto en la doctrina como en tratados internacionales el derecho a la propia imagen", escribe el profesor de Derecho Saúl López Noriega en un blog de la revista Nexos.
"Algunos arguyen que él (el testigo) otorgó su consentimiento de manera tácita al no negarse a continuar su declaración y careo ante la presencia de diversas cámaras de video; otros señalan que los juicios penales se pueden filmar independientemente de la voluntad de los involucrados (…) y otros sugieren que en todo caso la demanda debería situarse en la cancha del derecho civil", asegura López Noriega.
Faltan por conocer los detalles de la decisión de la juez y del amparo solicitado por Reyero.
Pero en las redes sociales ya hay una legión de mexicanos que están dispuestos a distribuir copias pirata si los proyectores se apagan. No quieren que la justicia calle a quienes la desnudaron.
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